El siglo XIV supuso para Andalucía una época de crisis económica y social. Las sequías muy continuadas, las guerras contra los benimerines, las guerras civiles y sobre todo la peste, fomentaron ese clima de descontento entre los vecinos de las distintas ciudades. En Córdoba no fue menos, pues se conocen datos de varios motines acaecidos en la ciudad, a veces contra la justicia civil, a veces contra la Iglesia. Estos motines eran protagonizados por gentes de diferente clase social, pues en ocasiones fueron los nobles quienes se amotinaron, en otras los gremios de artesanos y otras el pueblo llano.
En 1386, el rey Juan I de Castilla, había concedido a Córdoba unas rentas para la reparación y conservación de las murallas de la ciudad. Este dinero sería recaudado entre las gentes de Córdoba a lo largo de los siguientes cinco años. En total se esperaba recaudar 500.000 maravedíes en todo ese tiempo, pero parece que los primeros 150.000 maravedíes fueron malversados por la nobleza, encargada de las reparaciones. Los jurados de Córdoba (hoy podríamos llamarlos concejales) acusaron a la nobleza local, ante el rey, de no velar por los intereses de la ciudad y esta noticia se extendió por toda Córdoba provocando alborotos entre las gentes de los distintos barrios.
A pesar de todo lo anterior, los recaudadores de impuestos siguieron haciendo su trabajo en las distintas collaciones. Concretamente en el barrio de Santiago, en la Axerquía, el encargado de los cobros era el jurado Mateo Sánchez, que en una de sus calles fue atacado por vecinos de la collación que armados con navajas, espadas, palos y piedras lo dejaron medio muerto tirado en la vía pública.
El motín aparece como resultado de un estado permanente de irritación del pueblo, originado principalmente por los problemas económicos y contra los representantes de la autoridad. Los jurados pidieron ayuda a la clase media cordobesa, muy cercana a la nobleza porque igualmente temían ser robados, salvando así su lealtad al rey. Enterado Enrique III de lo sucedido (su padre Juan I había muerto en 1390), ordenó la suspensión de todos los oficiales de la ciudad, incluidos los alcaldes mayores y ordinarios y nombra en su lugar a cinco regidores de su confianza. La investigación llegó aún más lejos destituyendo también a los alcaldes de Luque, Guadalcázar, Baena, Aguilar, Santa Eufemia, El Carpio, Gahete (Belalcázar). El oidor Pedro Sánchez fue nombrado corregidor mayor con amplios poderes para el saneamiento de la hacienda local.
Estando en Tordesillas (Valladolid), el 20 de marzo de 1401, el rey Enrique III ordenó que se iniciaran en Córdoba los procesos contra los malhechores que cometieron los delitos dentro de su jurisdicción. Se desconocen las penas que fueron impuestas a los integrantes del motín de Santiago, pero conocemos las penas más comunes que solían aplicarse en esa época. Al margen de la pena de muerte, la más común de las penas, se solían llevar a los reos a las picotas o rollos (un poste en plaza pública) donde se les retenían por varios días allí encadenados. También la pena de destierro estuvo en vigor en esos años, ocasionando graves perjuicios a los condenados por pérdidas de propiedades o talleres.
Es lamentable comprobar que la corrupción política y la malversación de capitales no es una moda moderna, sino que lleva siglos implantada en nuestra sociedad.
[magicactionbox id=”11191036″]Historiador, Arqueólogo e Intérprete del Patrimonio
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