La toma de Granada por los Reyes Católicos en enero de 1492, no supuso, en principio, cambio alguno para los habitantes musulmanes de aquella tierra. El primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, mantuvo durante una década una política protectora y nada agresiva contra los musulmanes del Reino; sin embargo, el Inquisidor General, cardenal Cisneros, no vio con buenos ojos esta permisividad y el 14 de febrero de 1502 dictó una ley Pragmática que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del reino de Granada, exceptuando a los varones de menos de 14 años y las niñas menores de 12, antes de abril del citado año. Esta Pragmática supuso un quebrantamiento de los compromisos firmados por los Reyes Católicos con el rey Boabdil en las Capitulaciones para la entrega de Granada, en las que se garantizaban a los musulmanes granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbres. Muchos musulmanes se exiliaron al norte de África, pero otros muchos se mantuvieron en sus poblaciones huyendo de la justicia. La realidad es que muchos de los moriscos de Granada se convirtieron al cristianismo, pero conservando sus tradiciones e idioma. En 1566, Felipe II prohibió el uso de la lengua árabe, trajes y ceremonias de origen musulmán. Al tratar de aplicar este decreto, se produjo la rebelión de las Alpujarras (1568-1571).
Las deportaciones de moriscos empezaron durante el conflicto para acelerar las operaciones militares. Hasta noviembre de 1570, se estima que se desplazaron alrededor de 20.000 moriscos, principalmente a Andalucía occidental. A partir del 1 de noviembre de ese año la cifra aumentó considerablemente hasta los 50.000, que fueron repartidos también entre Toledo, Extremadura, Albacete y otras poblaciones algo más lejanas.
Al finalizar la guerra de las Alpujarras empezaron las deportaciones masivas al Valle del Guadalquivir al mando de don Juan de Austria. Más de 20.000 familias fueron asentadas entre Sevilla y Córdoba. La operación alcanzó tales proporciones que los oficiales de justicia de la Corona apenas avisaron a las autoridades locales de la movilización de tanta gente. Aproximadamente 60.000 moriscos salieron del reino de Granada, unos por tierra y otros en galeras que llegaron a Sevilla sin conocer el número exacto de los transportados. Estos fueron enviados a distintas poblaciones de toda Andalucía Occidental. La idea era alojarlos en casas de familias de cristianos viejos para que cuidaran de ellos y los educaran en la fe cristiana. Tenían obligación de ir a misa los domingos, supervisados por el alguacil de los moriscos y los párrocos locales, que debían ejercer una vigilancia constante sobre ellos. Fueron tantos los moriscos asignados a estas autoridades religiosas y laicas, que fue casi imposible controlar a todos ellos. El mercado negro se hizo habitual entre los moriscos; por ejemplo, confabulados con carniceros se hacían con corderos para sus celebraciones religiosas; e incluso se traficaba con frutas, aceite, sal, especias… Felipe II ordenó en 1572 que los niños menores de 10 años fueran escolarizados y se les enseñara a leer y escribir, y las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ni la constitución sinodal de 1572, ni la de 1586 se interesaron mucho por esta cuestión. No será hasta 1604 cuando empezaron a crearse escuelas de Doctrina Cristiana, siendo obligación de los padres enviar a sus hijos a estos colegios y además mantener a los maestros.
En 1608, la mayoría de moriscos deportados tras la guerra daban muestras de integración en las comunidades cristianas; no obstante, los primeros moriscos, deportados en los primeros meses de la guerra, se mostraron rebeldes y reacios a asimilar las costumbres cristianas. Esto llevó a Felipe III a ordenar la expulsión masiva de moriscos entre 1609 y 1613, por miedo a una nueva rebelión. En total unas 325.000 personas fueron expulsadas de las coronas de Castilla y Aragón, que dejaron evidencias de su paso por las ciudades donde vivieron. Los moriscos pudieron vender sus muebles y pertenencias para obtener algo de dinero, pero no podían llevarse ni plata ni oro; y además sus inmuebles fueron confiscados por la Hacienda Real.
La huella en Córdoba, al igual que en otras muchas ciudades, ha quedado patente en la toponímia; la calle “Moriscos” recuerda la estancia de dicha comunidad por nuestra tierra.
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